La crisis económica generada por el coronavirus Covid-19 anuncia una avalancha de concursos de acreedores en los próximos meses. La caída de la facturación por los cierres obligatorios obligará a muchas empresas a acudir a este proceso ante la situación de insolvencia en la que la que han incurrido, que les impedirá hacer frente a la totalidad de sus pagos. Los especialistas coinciden en que las empresas más afectadas serán las pequeñas y medianas, que son las compañías que tienen menos liquidez y más dificultad para hacer frente a los pagos.
Por su parte, Santiago Hurtado, socio de Deloitte Legal, coincide en la vulnerabilidad de las pymes. «Tienen una estructura financiera más débil y sufrirán más con esta crisis».
Sin embargo, Hurtado considera que aún hay esperanza en cuanto a la supervivencia. «Es previsible un incremento importante de concursos de pymes aunque no necesariamente de liquidación», precisa. «Muchos serán la consecuencia de una restructuración previa y, bien podrán alcanzar algún tipo de convenio, bien darán lugar a ventas de unidades productivas como forma de liquidación, ya sean preacordadas o derivadas de la maximización del valor en el concurso», añade.
En cualquier caso, Santiago Hurtado indica que el aumento de concursos para autónomos será «el gran impacto». A su juicio, «la legislación no ofrece un proceso ágil y producirá el colapso de los juzgados sin que además ello suponga ninguna solución».
Tal es la preocupación, que. El Gobierno ha suspendido los plazos para pedir el amparo de la Ley Concursal. «Entre las medidas de ámbito concursal aprobadas por el Gobierno se establece una moratoria concursal, con objeto de evitar una posible avalancha de casos de insolvencias en los próximos meses, de forma que no haya obligación de declarar concurso de acreedores en los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma», explica Pedro Martín Molina, administrador concursal, abogado y economista.
Los juristas aseguran que, sin esta medida, el aluvión de presentaciones podría ser ya de tal magnitud que colapsara los juzgados de lo mercantil. Con esta medida, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso mientras esté vigente el estado de alarma.
«Aunque los plazos se encuentren suspendidos, empresarios y administradores societarios tienen situadas sus mentes y preocupaciones en un plano posterior y necesitan respuestas sobre cómo actuar una vez el estado de alarma se levante», subraya el abogado Alejandro Rey.
Sin embargo, el problema queda pospuesto. «En fechas muy próximas se esperan importantes cambios de nuestra legislación concursal en el ánimo de recoger las necesidades creadas por las insolvencias como consecuencia del virus, más allá de la transposición de la Directiva europea 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia, que desde el mes de junio del año pasado ya se esperaba en el legislador», destaca Rey.
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10471807/04/20/La-crisis-del-coronavirus-traera-una-avalancha-de-concursos-de-acreedores-con-muchos-cierres.html
Existe ese proceso ágil; y no es otro que la Ley de Segunda Oportunidad. También es un instrumento útil para proteger el patrimonio de los administradores societarios que tengan que presentar concurso.
Porque no lo olvidemos: la moratoria no arregla el problema, sólo lo alarga. Que no haya obligación no quiere decir que no siga siendo una herramienta útil. Más bien diría que es posponerlo lo que la inutiliza.
Por experiencia sabemos que más del 90% de los concursos acaban en liuidación, sí. Y eso es, en parte, por la Ley. Pero en otra parte (una parte importante, diría yo) porque se tarda demasiado. Se intentan otras cosas. Contemporizas. Te juegas tu patrimonio… y cuando acudes a lo que sí puede salvar la empresa lo haces tarde.
Y tarde es que los profesionales que te van a ayudar no tengan tiempo ni margen de negociación para reconducir la situación.